Mientras los embajadores de la UE dan luz verde a un nuevo acuerdo comercial con Marruecos, al público todavía se le niega el acceso al propio documento sobre el que están votando, un claro ejemplo de secretismo en Bruselas.
Se espera que el COREPER, el órgano que reúne a los embajadores de los Estados miembros de la UE, vote hoy a favor de un nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos que abarque el Sáhara Occidental ocupado. Está previsto que el Consejo de la UE adopte formalmente el acuerdo antes del fin de semana.
Sin embargo, curiosamente, el público aún desconoce el contenido de la votación del Consejo.
El borrador del acuerdo y la exposición de motivos no están disponibles en el registro de documentos online de la Comisión Europea ni en el registro público del Consejo. La propuesta se está aprobando con total opacidad, a pesar de afectar directamente a un territorio ocupado y de que se produce tras diez sentencias consecutivas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que subrayan el derecho del pueblo saharaui al consentimiento.
Esta falta de transparencia contrasta marcadamente con la gestión por parte de la Comisión de otros expedientes comerciales sensibles. Por ejemplo, la propuesta de la Comisión de suspender las concesiones comerciales a Israel se publicó al día siguiente, mientras que el Consejo ni siquiera ha fijado una fecha para su votación.
Sin embargo, en el caso del Sáhara Occidental, ocurre todo lo contrario: el Consejo se prepara para adoptar un acuerdo en cuestión de días, mientras que el público desconoce su contenido.
La prisa y el secretismo de la UE en torno a este acuerdo socavan no solo los derechos del pueblo saharaui, sino también los propios estándares democráticos de la UE.

El mayor sistema de certificación mundial para “alimentos animales seguros y sostenibles” no verifica si las empresas certificadas de piensos para peces se abastecen de pesquerías ilegales en el Sáhara Occidental ocupado, donde la pesca viola el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
El esquema de certificación pone fin a su relación con el Grupo Azura y declara que en el futuro no otorgará certificaciones a empresas en el territorio ocupado.
No se dejen engañar por la retórica de la energía limpia sobre esta nueva línea eléctrica de 1.000 km; se trata, en realidad, de la anexión de un territorio ocupado a través de una infraestructura.
187 parlamentarios votaron por ignorar el fallo del TJUE, los intereses de los agricultores de la UE, los derechos de los consumidores de la UE y las aspiraciones del pueblo saharaui. Aquí está sus nombres.